República Dominicana y la Corte IDH

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Por Ansel Sierra Ferreira, Tesorera de COLADIC-RD y Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana

 

 

El 4 de noviembre del 2014, el Tribunal Constitucional declaró contrario a la Constitución  el documento de aceptación que permite que el Estado dominicano pueda ser sometido por violación de los derechos humanos de las personas en su territorio, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos.



La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) es un convenio internacional donde los Estados se comprometen a respetar y a garantizar los derechos y libertades, así como su disfrute y pleno ejercicio a toda persona en su territorio.
 
Para que la República Dominicana estuviera bajo los efectos de esta Convención se hizo necesario que el Congreso Nacional la aprobara y que el Poder Ejecutivo la promulgara y publicara; lo cual se cumplió promulgando la ley el 25 de diciembre de 1977 y publicándola en la Gaceta Oficial No. 9460 del 18 de febrero de 1978. A partir de entonces, el Estado dominicano se obliga frente a la CADH a cumplir y a hacer cumplir su contenido. Esta obligación se extiende, además, a todas las personas, servidores y órganos públicos.
 
Con el objetivo de que la Convención pueda ser efectiva y no se convierta en “letra muerta” o “un pedazo de papel”, se dio potestad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el "orden público interamericano", al tiempo que se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados. La Comisión promueve una cultura de respeto y da seguimiento a la divulgación de los derechos humanos, prepara informes sobre las conductas de los Estados respecto a los derechos de las personas, monitorea el cumplimiento por parte de los Estados a través de denuncias y de informes sobre los compromisos asumidos en la Convención, recibe peticiones sobre violaciones por parte de los Estados y las procesa ante la Corte. Esta última conoce los casos sometidos por la Comisión y por los Estados, y verifica con base en la Convención si el Estado ha violado o no los derechos humanos de las personas en su territorio.
 
Sin embargo, para que un Estado pueda ser sometido ante la Corte IDH, no basta con ratificar la Convención, sino que establece como necesario que el Estado reconozca libre y voluntariamente la aceptación de la competencia de la Corte. En efecto, el Estado dominicano reconoció, (21 años después de firmada la CADH) mediante comunicación del presidente Leonel Fernández Reyna en fecha 25 de febrero de 1999, que “El Gobierno de la República Dominicana por medio del presente Instrumento, declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969”, cumpliendo con el art. 62 de la Convención.
 
Desde entonces hemos asistido, denunciantes y Estado, tanto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través de solicitudes de protección, denuncias de violaciones y sometimiento de casos. Además, se han redactado informes y la Comisión ha realizado 71 visitas a la República Dominicana autorizadas por el Estado, para verificar la situación de los derechos humanos, así como se designó una dominicana como Jueza de la Corte IDH, postulada por el Estado dominicano.
 
En vista de que fueron agotadas todas las diligencias para que los poderes del Estado fueran efectivos y reconocieran violaciones de derechos de las personas, el Estado dominicano fue denunciado por violaciones a la Convención; la Comisión remitió 4 casos a la Corte IDH y el Estado dominicano fue declarado responsable de violar los derechos humanos reconocidos en la Convención respecto a: 1) Las Niñas [Dilcia] Yean y [Violeta] Bosico; 2) El Profesor universitario Narciso González Medina; 3) Nadege Dorzema y otros; y 4) Personas y familias dominicanas y haitianas expulsadas del territorio dominicano.
 
No obstante la actuación del Estado reconociendo a la Corte IDH, el Tribunal Constitucional en su decisión del 4 de noviembre del 2014, acogió una solicitud del año 2005 para que se declarara contrario a la Constitución el documento suscrito por el presidente Leonel Fernández (en representación del Estado dominicano) que aceptó la competencia de la Corte IDH. El TC declaró contrario a la Constitución dicho documento, que permite que el Estado dominicano pueda ser sometido por violación de los derechos de las personas en su territorio, ante la Corte IDH por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). El argumento del Tribunal Constitucional es que el documento debió ser sometido ante el Congreso Nacional porque implicaba compromisos para el Estado dominicano y porque corresponde al Congreso Nacional aprobar o desaprobar tratados y convenios internacionales.
 
Frente a esta decisión, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas COLADIC-RD, manifiestan su preocupación sobre la interpretación hecha por el Tribunal Constitucional, en vista de que el documento que acepta la intervención de la Corte no es un tratado internacional, sino un documento emitido como consecuencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue aprobada por el Congreso Nacional. Tras la toma de esta decisión, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, ha colocado a la República Dominicana como un Estado que no cumple con sus compromisos internacionales y que es incoherente con su propia conducta.
 
Ante la decisión del Tribunal Constitucional, los derechos humanos se encuentran amenazados en vez de ser protegidos. Como consecuencia, cualquier manifestación del Estado dominicano de no acatar las sentencias de la Corte o de separarse de la Convención, surtiría un efecto negativo para la garantía y protección de los derechos humanos, muy en particular cuando no contamos con un sistema de justicia independiente, un Congreso Nacional intervenido y un Tribunal Constitucional alejado de su misión para “la defensa y protección de los derechos fundamentales”. Además, de colocar la imagen del país a nivel internacional como un Estado que no respeta ni garantiza los derechos humanos de las personas en su territorio, lo que implica efectos negativos en el orden económico y de la cooperación internacional. En consecuencia, esta situación afecta a todas las personas y pone los derechos humanos en riesgo.