Reseña Jurisprudencial: Derecho a una muerte digna

Escrito por 

Por: Elina Castillo

 

Diane Pretty era una ciudadana británica nacida en 1958 que vivía en Luton, Reino Unido. Pretty adolecía de una enfermedad degenerativa de sus funciones motoras que afectaba sus músculos, la cual aún no tiene cura. La enfermedad estaba en una etapa muy avanzada: la demandante estaba paralizada del cuello para abajo y su expectativa de vida era muy mínima. Sin embargo, aún mantenía su lucidez, por lo que estaba en capacidad de tomar decisiones de manera consciente. En vista de que las etapas finales de dicha enfermedad suelen ser muy angustiantes y poco dignas, ella quería tener la posibilidad de controlar cómo y cuándo moriría, con el fin de evitar sufrimientos de manera digna.

 

Aunque cometer suicidio no es un crimen según las leyes inglesas, la demandante no podía hacerlo por sí misma debido a su enfermedad; es decir, para poder poner fin a su vida, ella necesitaba la asistencia de alguien más. En el Reino Unido, asistir a alguien a cometer suicidio es un crimen conforme el artículo 2 del Suicide Act de 1961. Sin embargo, la señora Pretty necesitaba que su esposo la ayudase a cometer poner fin a su vida, así que solicitó inmunidad para él en caso de que así lo hiciera. Ante esta petición, la autoridad competente (el Director of Public Prosecutions, que en nuestro sistema jurídico sería el Procurador General de la República) rechazó esta solicitud, bajo el fundamento de que la ley no preveía eximentes para los casos de suicidios asisitidos. Las apelaciones realizadas por la señora Pretty contra esta decisión fueron infructuosas.

 

En vista de lo anterior, la Sra. Pretty llevó su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, donde sostuvo que bajo el Artículo 2 de la Convención el individuo puede decidir si vive o no, y que el derecho a morir es el corolario del derecho a la vida. En este sentido, alegó que existe una obligación positiva del Estado de realizar los cambios necesarios en las normas internas para que se le permita ejercer ese derecho. Asimismo, argumentó que el Artículo 3 obligaba al Gobierno del Reino Unido no sólo a abstenerse de infligir un trato inhumano o degradante, sino también a dar pasos positivos para proteger a las personas dentro de su jurisdicción de ser objetos de tales tratos. El único paso efectivo disponible para proteger a la reclamante de esta manera era que se le concediese la inmunidad a su esposo, de tal forma que éste no sería procesado si la ayudaba a cometer suicidio.

 

La Sra. Pretty también se apoyó en el Artículo 8, al alegar que éste reconoce explícitamente el derecho a la propia determinación; y en el Artículo 9, pues el no conceder la inmunidad y no proveer una forma legal para permitir el suicidio asistido viola su derecho –el de la Sra. Pretty– a sus propias creencias. Finalmente, bajo el artículo 14, Diane Pretty sostuvo que la manta de prohibición que cubre el suicidio asistido es discriminante para aquellos que no pueden cometer suicidio sin asistencia frente a aquellos que, como pueden hacerlo por sí mismos, sí pueden ejercer su derecho a morir, conforme a las normas internas.

 

De su lado, la Corte recordó que el artículo 2 salvaguarda el derecho a la vida, sin el cual el disfrute de cualquiera de los demás derechos y libertades contenidos en la Convención carecería de sentido. Así, esta Corte considera que el artículo 2 no podría, ser interpretado como que confiere el derecho diametralmente opuesto, es decir, un derecho a morir, ni podría crear un derecho a la libre determinación en el sentido de que confiere a un individuo el derecho a elegir la muerte antes que la vida. En consecuencia, la Corte consideró que un derecho a morir, ya sea por parte de una tercera persona o con la ayuda de una autoridad pública, no podría derivarse del Art. 2.

 

En cuanto al artículo 3 de la Convención la demandante sostenía que tanto la negativa de la Fiscalía de su solicitud de no procesar a su marido si él la ayuda a suicidarse como la sanción penal del suicidio asistido revelan un trato inhumano y degradante por el cual el Estado es responsable, afirmación que no fue aceptada por este tribunal, la Corte señaló que estaba fuera de toda duda que el Estado demandado no había infligido por sí mismo ningún trato inhumano a la demandante. Tampoco existía alguna queja de que la reclamante no estaba recibiendo la atención adecuada por parte de las autoridades médicas estatales.

 

Respecto del artículo 8, la Corte consideró, de acuerdo con la Cámara de los Lores, que los Estados tienen el derecho de regular a través de la aplicación de las leyes penales generales las actividades que eran perjudiciales para la vida y la seguridad de otras personas. La Corte no consideró que el carácter de la prohibición general del suicidio asistido fuese desproporcionado. Esta prohibición, según la Corte, no parece ser arbitraria, ya que la ley refleja la importancia del derecho a la vida al prohibir el suicidio asistido, mientras que proporciona un sistema de ejecución y adjudicación que permite la debida determinación, en cada caso concreto, del interés público en la persecución.

 

Como respuesta al alegato de que la prohibición del suicidio asistido era discriminatorio, la Corte insistió en que una diferencia de trato entre las personas en puestos análogos o similares es discriminatoria si no tuviera justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo o si no hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar. La discriminación también podría surgir cuando los Estados, sin una justificación objetiva y razonable, fallan al tratar de forma diferente a personas cuyas situaciones eran significativamente diferentes. En consecuencia, el Tribunal no encontró ninguna violación del artículo 14.

 

Respecto de la violación de la libertad de conciencia sostenida por la peticionaria, la Corte observó que no todas las opiniones o convicciones constituyen creencias protegidas por el artículo 9. Las pretensiones de la demandante no implican una forma de manifestación de religión o creencias, a través del culto, la enseñanza, la práctica u observancia, como se describe en la segunda frase del primer párrafo de dicho artículo. El término "práctica" no cubre cada acto que es motivado o influenciado por una religión o creencia. En la medida en que las opiniones del solicitante reflejan su compromiso con el principio de la autonomía personal, su afirmación era una reafirmación de la imputación formulada en virtud del artículo 8. El Tribunal llegó a la conclusión de que tampoco había habido violación del artículo 9.

 

Por todo lo anterior, la Corte sostuvo que en el presente caso no hubo violación a los Artículos 2 (derecho a la vida); 3 (prohibición de trato o castigo inhumano o degradante); 8 (derecho a respeto por la vida privada); 9 (libertad de conciencia) y 14 (prohibición de discriminación) de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.