Reseña Jurisprudencial: Derecho a la vida privada y familiar

Escrito por 

Por: Licda. Lillian De Peña Fernández

 

CASO BALTEANU VS. RUMANIA

DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR

 

El Señor Balteanu, nacido en la ciudad de Bucarest, Rumania, al momento de la ocurrencia de los hechos, desempeñaba las funciones de un policía de tráfico. En fecha 17 de enero del año 2003 el aplicante y su colega detuvieron a un conductor y revisaron la documentación pertinente, percatándose de que el conductor no tenía la licencia de conducir apropiada para el vehículo que conducía, por lo que procedieron a confiscar su licencia de conducir y los registros del vehículo en vista de que esto constituía una ofensa criminal.

En fecha 20 de enero del 2003 el conductor se apersonó a la oficina del Procurador para comunicarle que el aplicante le había solicitado la suma de diez millones ($10,000,000.00) Leu Romano para desestimar los cargos criminales que pesaban en su contra. Ese mismo día el Procurador de la oficina de Anti- Corrupción obtuvo autorización para interceptar las comunicaciones del aplicante y procedió marcar los billetes con los cuales se realizaría el pago. El conductor acudió a la cita pautada en la oficina del aplicante para hacer entrega del soborno, tanto la llamada como la conversación durante la reunión fueron grabadas. Luego de sostenida la reunión, el Procurador revisó la oficina del aplicante y encontró el dinero del soborno bajo el escritorio. El Procurador procedió a abrir una investigación en contra del aplicante imputándole el cargo de soborno.

En fecha 21 de enero el aplicante fue puesto bajo custodia por treinta días, su detención fue extendida en cinco ocasiones por el Tribunal del condado. En fecha 21 de noviembre del año 2003 fue levantada la medida de coerción, la cual fue apelada por el Procurador ante la Corte de Apelación y obteniendo la reversión de la decisión anterior.

En la fase de juicio el aplicante alegó que las grabaciones no fueron obtenidas de manera legal y que el testigo no fue presentado ante el Tribunal y por lo tanto no tuvo la oportunidad de refutar la versión de los hechos. Ante el pedimento de que la autorización de las grabaciones fueran depositadas ante el Tribunal, el Procurador argumentó que ese documento era confidencial. El Tribunal sentenció al aplicante a cumplir una pena suspendida de cuatro años. En grado de apelación el aplicante solicitó al Tribunal nuevamente que la autorización para interceptar sus comunicaciones fueran depositadas y la presentación de un nuevo testigo. El pedimento fue rechazado por la Corte de Apelación bajo el argumento de que el Tribunal ya se encontraba edificado sobre los hechos del caso. La Corte de Apelación ratificó la sentencia de Primera Instancia y no se refirió a los argumentos del aplicante. Del mismo modo, la Alta Corte de Casación y Justicia suspendió la sentencia y no se refirió a los argumentos del aplicante en cuanto a la ilegalidad de las grabaciones.

La petición fue declarada admisible bajo el entendido de que el aplicante en todas las fases del proceso legal doméstico argumentó la ilegalidad de las grabaciones y por lo tanto agotó las vías legales de lugar.El aplicante invocó la violación al artículo 8 de la Convención sobre el respeto a la vida privada y familiar establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.”

La Corte declaró la violación al artículo 8 de la Convención fundamentándose en que los Tribunales domésticos privaron al aplicante de las salvaguardas establecidas en la nueva legislación y no examinaron la legalidad y veracidad de las grabaciones. Por tales motivos la Corte declaró la violación al artículo 8 de la Convención y ordenó al Estado al pago de la suma de cuatro mil quinientos euros ($4,500.00) por los daños no pecuniarios.