Violación al Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica por parte del Estado Dominicano en perjuicio de los dominicanos de origen haitiano

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Violación al Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica por parte del Estado Dominicano en perjuicio de los dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana.

 

El artículo 3 de la Convención Americana establece el derecho de toda persona al reconocimiento de la personalidad jurídica, asimismo la Corte Interamericana ha expresado sobre el mismo que toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales, indicando que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de deberes. En este sentido, la Corte ha concretizado la violación al derecho indicando que la falta de reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes lo cual pone al individuo en una posición vulnerable en relación con el Estado o terceros.[1]

 

En este tenor, expondremos como los parámetros que ha fijado la corte para determinar la violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica se manifiesta de una manera incontestable siendo el responsable de dicha violación el Estado Dominicano, y como se viola continuamente este derecho en el contexto de ‘‘Desnacionalización” y “Apatridia de Jure” con los dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana.

 

Para el presente caso es de suma importancia recordar que la Corte ha dicho que “el Estado se encuentra obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley”.[2] Situaciones que como hemos explicado anteriormente, son precisamente en las que se encuentran los haitianos en la República Dominicana, por lo que se le impone al Estado un deber de especial protección hacia este grupo a fin de que sus derechos no sean conculcados. Todo lo cual el Estado Dominicano se ha mostrado históricamente renuente a dar no solo una protección especial a los Haitianos, sino cualquier tipo de protección general, contando con políticas públicas que lejos de proteger, discriminan y excluyen únicamente a este grupo vulnerable.

 

En virtud del artículo 2 de la Convención Americana, en aplicación del principio de efecto útil y de las necesidades de protección en casos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, como los son los dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana, la Corte Interamericana ha fijado el contenido jurídico más amplio de esta obligación en conjunto con el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, al estimar que el Estado se encuentra especialmente “obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley[3].

 

En aplicación de los criterios de la Corte, ésta en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa consideró que sus miembros habían “permanecido en un limbo legal en que, si bien nacieron y murieron en el Paraguay, su existencia misma e identidad nunca estuvo jurídicamente reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica[4]. Mismos hechos que enmarcan la situación de los dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana pues el Estado Dominicano, contrario a lo que ya la Corte Interamericana indicó en el caso concreto de Las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, tiene una política pública que llega a nivel constitucional, de no otorgar actas de nacimientos a los dominicanos de origen Haitiano por el estatus migratorio de ilegalidad de sus padres.[5]

 

En cuanto a la personalidad jurídica por de una persona apátrida, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que dicha persona, no tiene personalidad jurídica reconocida, ya que no ha establecido un vínculo jurídico-político con ningún Estado, por lo que la nacionalidad es un prerrequisito del reconocimiento de la personalidad jurídica. De igual forma, la Corte se ha manifestado diciendo que la falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares.[6]

 

A pesar de que la Corte ya condenó al Estado Dominicano en el caso de Las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana por haber mantenido a las niñas Yean y Bosico en un limbo legal en que, si bien las niñas existían y se hallaban insertadas en un determinado contexto social, su existencia misma no estaba jurídicamente reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica,[7] el mismo contexto de violaciones tanto de hecho como de derecho siguen ocurriendo por parte del Estado Dominicano y sus agentes hacia los dominicanos de origen Haitiano.



[1] Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr 176; Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009.Serie C no. 209, párr 155; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr 166; Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C no. 202, párr 88.; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr 97

[2] Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, párr 166; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, párr 96

[3] Corte I.D.H. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, párr. 89

[4] Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, párr. 192.

[5] Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 156

[6] Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 178.

[7] Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párrs. 179 y 180.