De la afiliación obligatoria al Colegio de Abogados de la República Dominicana

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La libertad de asociación es uno de los principales derechos humanos, contenido en la mayoría de las normativas internacionales relativas al tema. Este busca proteger la facultad de formar asociaciones, organizaciones o agrupaciones sin fines de lucro entre personas con intereses afines y con un objeto lícito. Justamente, su importancia reside en la necesidad que tiene el ser humano, como ente social, de interactuar con otros para desarrollar de manera libre y plena su personalidad. “Asociarse” no sólo contribuye a su crecimiento personal, sino que permite fortalecer la sociedad.

Del derecho a la libertad de asociación se desprende, evidentemente, el derecho a afiliarse a cualquier organización. Sin embargo, este derecho tiene otro como contrapartida: el derecho a no ser obligado a afiliarse, o el derecho a la no afiliación. Así lo ha considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al expresar que “esta libertad [de asociación] supone que cada persona pueda determinar, sin coacción alguna, si desea o no formar parte de la asociación.”[1]

Ahora bien, en nuestro país, el registro en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) es un requisito esencial para poder postular ante los tribunales dominicanos. Siguiendo este razonamiento, es legítimo preguntarse, ¿este requisito no constituye una violación al derecho a no afiliación de los abogados de este país?

Veamos primero la naturaleza del CARD. En primer lugar, debemos precisar que el CARD es un colegio profesional, y como tal, sirve de instrumento para verificar el ejercicio ético y profesional de la abogacía. Este mismo criterio asumió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión IDH”) al considerar que un colegio profesional es “un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas.”[2] Debido al rol que debe cumplir, el CARD nace siendo una “corporación de derecho público”[3] y por tanto, tiene imperium, es decir, la capacidad de juzgar y sancionar a sus miembros. 

En segundo lugar, es evidente que el sometimiento del ejercicio de ciertas profesiones, como la abogacía, a un exhaustivo control de ética profesional es un asunto de interés público. En este sentido, la matriculación obligatoria se entiende como una forma de expresión de este control, pues es la vía más confiable de conocer el universo de profesionales activos presentes en un territorio determinado. Al respecto, la Comisión IDH ha expresado que la colegiación obligatoria de abogados es “compatible con la existencia del bien común en una sociedad democrática.”[4]

De todo lo anterior se deduce que la afiliación obligatoria al CARD es una excepción al derecho de no afiliación. 



[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y Otros (fondo), párr. 156.

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 68.

[3] Art. 1 de la Ley 91, que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bomchil c. Argentina, párrs. 13 y 18.