¿Satisface la Constitución de la República Dominicana las necesidades del país?

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La Constitución Dominicana ha sufrido diversas modificaciones desde su creación, con la intención de ir adaptandola a las necesidades de la población, conforme los tiempos que han ido cambiando. La reforma más reciente que se realizó, tuvo lugar en el año 2010 y trajo consigo una serie de bondades, entre las cuales resaltan: la adición de un preámbulo, la ampliación del catálogo de derechos fundamentales e inclusión de principios y valores sustanciales que deben ser el punto de referencia para cada una de las políticas, programas y proyectos públicos o las iniciativas que se encaminen desde los sectores sociales,[1] la creación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Consejo del Poder Judicial.

 

De modo que en lo adelante abordaremos el tema de si la Carta Magna dominicana satisface las necesidades del país, enfocado en el ámbito del Poder Judicial. Trataremos la nueva figura del Consejo del Poder Judicial y cómo ha funcionado la administración y acceso a la justicia en la República Dominicana desde la entrada en vigencia de esta Constitución.

 

La anterior Constitución del año 2002, establecía en su Título VI, Sección I que el Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y por los demás tribunales del orden judicial creados por dicha Constitución y las leyes. Asimismo, explicaba la composición de la SCJ, de las Cortes de Apelación, tribunales de jurisdicción especializada y los ordinarios.

 

Efectivamente, la administración de justicia era ejercida por este órgano supremo. Sin embargo, las funciones administrativas –cuya importancia no buscamos disminuir- también eran desarrolladas por la SCJ, de alguna manera retrasando las actividades jurisdiccionales. Por este motivo, el artículo 155 de la actual Constitución, creó el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial: el Consejo del Poder Judicial (CPJ), delimitándose las funciones administrativas de las jurisdiccionales,[2] y aligerando la carga laboral administrativa que anteriormente tenía la SCJ. Tal y como establece la Ley 28-11, "la creación del Consejo del Poder Judicial está inspirada en la promoción del fortalecimiento institucional del Poder Judicial y asegurar la separación entre las atribuciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, así como propiciar y consolidar la independencia y democratización del Poder Judicial".

          

Por su parte, las atribuciones jurisdiccionales están definidas en el artículo de 149 de la Constitución vigente. Señala que “La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes”. Dicha labor jurisdiccional se desarrolla por medio de la función judicial, que constituye una función pública, la cual es ejercida por el juez a través de la administración de justicia. Se encarga de conocer los conflictos entre personas físicas o morales tanto en derecho privado como en derecho público. La legitimidad de la función jurisdiccional reside en la exigencia de motivar sus decisiones sustentadas por el carácter vinculante que tiene esta con la Constitución como fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, las leyes y los principios generales del derecho.[3]

 

Podemos identificar, que la creación del CPJ permitió que la SCJ se concentre en solamente conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República (entre otros funcionarios públicos enumerados de manera limitativa en el texto constitucional); conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley; conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes; y designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las distintas jurisdicciones.[4]

 

Los asuntos disciplinarios, nombramientos y creaciones de cargos administrativos, fijaciones de sueldos, entre otras actividades que no se relacionan con asuntos jurisdiccionales y que en las anteriores constituciones le pertenecían a la SCJ, fueron delegados en el órgano del CPJ.

 

Por otro lado, en cuanto a la creación de tribunales para respetar, proteger y garantizar el derecho a acceso a la justicia de las personas bajo la jurisdicción del Estado dominicano, a través del artículo 93.h), la Ley de Leyes le otorga al Congreso Nacional la facultad de aumentar o reducir el número de las cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia. Dicha facultad del Poder Legislativo, se manifestaba en la Constitución del 1994 y la del 2002, en el artículo 37, numerales 10-11 de ambas Leyes Sustantivas.

 

Actualmente, en nuestro país existen 99 tribunales creados por ley que no se han puesto en funcionamiento, básicamente por motivos presupuestarios. Cada una de esas leyes indica que los recursos económicos necesarios para que dichos tribunales inicien sus labores, son responsabilidad del Poder Judicial. Sobre este aspecto, somos de opinión que le corresponde a la misma rama Judicial el determinar si se requiere o no la incorporación de un nuevo tribunal o sala. En ocasiones, los problemas de acceso a la justicia que se presentan, pueden ser solucionados mediante la contratación y/o formación de nuevo personal administrativo o jurisdiccional y no precisamente, a través de creación de un nuevo tribunal o sala que, por su naturaleza, requieren de inversiones de dinero muy elevadas.

 

En este aspecto, la Constitución Dominicana no satisface las necesidades de la población. Si un nuevo tribunal es creado mediante una ley con el objetivo de brindar justicia rápida y oportuna a los ciudadanos de un Distrito Judicial determinado, y el mismo no se pone en funcionamiento inmediatamente, la ley termina siendo pura letra muerta y se hace inefectiva. Peor aún, el problema que buscaba solucionar, todavía permanece sin resolverse. Contrariando los derechos reconocidos tanto en la constitución como en los tratados internacionales, relativos al acceso a la justicia, debido proceso y garantías judiciales.

 

En definitiva, en el ámbito del Poder Judicial, la constitución actual de la República Dominicana satisface en gran medida las necesidades del país. Sin lugar a dudas, es una Constitución normativa, programática, garantista de derechos, extensa, rígida, cargada de principios y valores, en fin, es una Constitución que responde al neoconstitucionalismo y que se basta a sí misma. No obstante ser la Ley Sustantiva acreedora de las características que acabamos de mencionar, todavía nos queda camino por recorrer para alcanzar mayores logros en nuestro país.



[1] FINJUS. Constitución Comentada. 2011, Pág. 5

[2] FINJUS. Op. Cit. Pág. 296.

[3] FINJUS. Op. Cit. Pág. 286.

[4] Ver artículo 154 de la Constitución Dominicana del 2010.