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Autor: Román Arciniega 

Abogado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Cuenta con estudios de Maestría en Planificación Económica y Desarrollo Local por la Universidad de Paris 1 Panteón-Sorbona y es titular de un Master Internacional en Desarrollo Territorial Sostenible por las Universidades de Padua, KU Leuven, Paris 1 y UCDB. Así mismo, tiene un certificado en Gestión Turística de Sitios Patrimonio Mundial por la UNESCO y ha participado en diversos proyectos de análisis territorial, sostenible y científico en Italia, Bélgica, Francia, Brasil y EUA. Sus principales áreas de investigación incluyen el derecho ambiental internacional, desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, economía verde, cambio climático y derechos humanos.          

 

El 12 de diciembre 2015 fue firmado el llamado ‘Acuerdo de Paris’ al seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dicho acuerdo tiene como objetivo emprender acciones conjuntas para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C. Este documento, fuente del derecho internacional, es de suma importancia considerando la grave crisis climática que actualmente se vive a nivel global, y que ha traído graves consecuencias en diferentes partes del mundo en términos humanos, económicos y medio ambientales. El rol del derecho, en ese contexto, es indispensable para armonizar políticas públicas locales que permitan alcanzar objetivos comunes a nivel mundial.

Cabe mencionar, que como tal, el tópico del cambio climático ha sido polémico y político desde sus inicios. Por un lado se han manifestado fuertemente los partidarios al fenómeno, y por el otro, también lo han hecho los opositores. No obstante, cualquiera que sea la posición que tomemos, lo cierto es que el tema ha abierto una nueva puerta para pasar de una economía basada principalmente en energías fósiles, a una de energías renovables “más respetuosa del medio ambiente”. Y es que, está previsto que de no cambiar el modelo económico actual, la temperatura media de la Tierra podría aumentar hasta 6 ° C para el año 2100 trayendo graves consecuencias para la vida en el planeta.

Por ello, el denominado ‘Acuerdo de Paris’, es un instrumento jurídico sin precedentes que pone como eje central cambiar, de cierta manera, el modelo económico actual. La transición energética, que en la forma actual es la causante principal de los gases de efecto invernadero que propician el calentamiento global – según los científicos, es al mismo tiempo una nueva oportunidad de justicia para la sociedad mundial y el planeta. Las energías renovables, quizá la parte de mayor relevancia de una ‘economía verde’ en transición, resultan ser más incluyentes de los recursos locales, tanto en términos humanos como naturales, promoviendo así la participación social, generación de empleos y valorización del capital natural.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y el ‘Acuerdo de Paris’ es ambiguo en varios puntos clave que representan el éxito de una transición efectiva y justa. A manera de ejemplo, la innovación tecnológica es un elemento clave que no queda claro en el acuerdo para la implementación efectiva de las energías renovables. De esta forma, la tecnología queda al arbitrio del mercado, la cual depende de quien tiene el capital para investigar y desarrollarlo, y después venderlo a quien lo necesita. 

Es por lo anterior, y sin el afán de ser proteccionista que el rol del derecho a nivel internacional debe estar encaminado a establecer reglas que propicien una transición justa en términos sociales y ecológicos. El desarrollo e implementación de las energías renovables debe estar enfocado en el desarrollo de las ciencias y tecnologías nacionales, que permitan a los países ser verdaderamente independientes en materia energética. Esto, en evidencia, toca puntos sensibles de los principios del comercio internacional, pero es ahí donde el rol del derecho debe tener injerencia y propiciar, antes que al mercado, los derechos de las personas y la soberanía de las naciones.

El ‘Acuerdo de Paris’, entonces, es un punto a favor en la batalla por un medio ambiente sano, y también es un considerable avance en términos de justicia social y ambiental. Sin embrago, esto son apenas los cimientos, y es tarea de todos, incluyendo a la ciencia del derecho, dar su correspondiente contribución para un resultado efectivo. El cambio climático sea quizá la oportunidad más próxima para corregir la economía, y en ese sentido, la sociedad y el derecho deben jugar responsablemente su rol para exigir que los beneficios lleguen a donde verdaderamente debe llegar. 

Lunes, 20 Junio 2016 21:23

El Refugio en la República Dominicana

 

Elina Castillo Jiménez

Vicepresidenta, Junta Directiva 2016

 

*En conmemoración del Día Internacional del Refugiado, el 20 de junio, la autora aborda algunos conceptos generales sobre la figura del refugio en el país. Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Nacional de Migración, aquí.

 

Conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda persona que se encuentre en persecución o que tenga grandes temores por su vida, su integridad o su libertad, tiene el derecho a buscar y recibir refugio en territorio extranjero1. A nivel internacional, la figura del refugio se encuentra consagrada esencialmente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 -piezas fundamentales del Derecho Internacional del Refugio-, y en los principales tratados regionales de protección de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

A la luz de esta normativa, se considera como refugiado o refugiada a aquella persona que huye forzadamente de su país de nacionalidad o residencia a causa de persecuciones contra su vida o su seguridad vinculadas con ciertos motivos, y por ello merece recibir protección internacional. Entre estas causales de persecución podemos mencionar: a) raza, b) nacionalidad, c) religión, d) opinión política, e)pertenencia a un grupo social determinado (como la comunidad LGBTI, personas que viven con una discapacidad…), y f) contexto de violencia generalizada o conflicto armado en el país de origen o residencia del o de la solicitante2.

La principal característica del estatuto de refugiado o refugiada es la garantía de no devolución o non refoulement. Para que la protección del estatuto opere, es necesario que la persona se encuentre fuera de la jurisdicción territorial del Estado al cual está vinculado. Por tanto, toda persona solicitante de refugio es, ante todo, extranjera. Así, esta garantía de no devolución encierra la obligación de no hacer regresar a un refugiado o a una refugiada a un lugar en donde su vida, su libertad o sean amenazadas por alguno de los motivos de refugio; o a un lugar desde el cual pueda ser devuelto o devuelta al país donde pudiera sufrir dicho riesgo3.

En consecuencia, tanto la presentación de la solicitud como su evaluación implican la existencia previa de un procedimiento para ello en el ordenamiento doméstico. Precisamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó recientemente que del derecho analizado, consagrado en la CADH, se deriva el deber estatal de establecer “procedimientos justos y eficientes” que permitan determinar quiénes son aquellos o aquellas que necesitan de este tipo de protección internacional4. Estos procedimientos deben realizarse en pleno respeto de las garantías de debido proceso generales y específicas que rigen esta figura de protección.

Estas obligaciones aplican para República Dominicana. En fecha 8 de noviembre de 1977, el Estado dominicano ratificó la Convención de 1951 y su Protocolo de 19675. A raíz de esto, se dictaron dos normas domésticas de fundamental importancia en esta materia. En primer lugar, el Decreto 1569 del 15 de noviembre de 1983, que crea la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE); y en segundo lugar, el Decreto 2330 del 10 de septiembre de 1984, que establece el reglamento de la CONARE y el procedimiento dominicano de determinación del estatuto de refugiado.

En efecto, el Decreto 1569, del 15 de noviembre de 1983 sienta las bases de las instituciones encargadas de evaluar todas las solicitudes de asilo presentadas al Estado dominicano. Así, mediante esta normativa, se creó la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), la autoridad interinstitucional de naturaleza administrativa especializada en materia de refugio.

Posteriormente, a través del Decreto 2330, del 10 de septiembre de 1984, se estableció el Reglamento de la Comisión Nacional para los Refugiados. Éste señala que la CONARE es la competente para la aplicación de la Convención de 1951 y su Protocolo. Por lo tanto, reafirma que es ella quien “tendrá a su cargo el estudio de las solicitudes para el reconocimiento de la condición de Refugiado”6.

En virtud de esta disposición, la CONARE es conformada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (que preside el organismo), del Ministerio de Trabajo, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría General de la República, de la Dirección General de Migración, del Departamento Nacional de Investigaciones y de la Policía Nacional7. Dentro de este reglamento, también quedó consignado el procedimiento que deberá agotar todo solicitante de asilo en nuestro país.

Vale destacar, asimismo, que el derecho a buscar y recibir refugio tiene rango constitucional en nuestro ordenamiento, pues está consagrado como fundamental en el artículo 46.2 de nuestra Constitución. Por tanto, en atención al artículo 74 de nuestra Carta Magna, debe ser interpretado en la forma más favorable para la persona, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los tratados de derechos humanos ratificados por el país. En consecuencia, al momento de establecer parámetros para su implementación, el Estado dominicano debe tener en cuenta los estándares definidos por entidades como el ACNUR y la Corte Interamericana de Derechos humanos, en su calidad de máximos intérpretes internacionales de los tratados referidos.  

 

1 Este principio ha sido establecido como tal en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en el artículo VVVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), en el artículo 22, párrafos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y en el artículo 12 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.

2 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, Declaración de Cartagena de 1984.

3 ACNUR. La determinación del estatuto de refugiado. ¿Cómo identificar quién es un refugiado?, Ginebra, 2012, p. 19, en línea: http://www.acnur.es/PDF/7962_20120511104712.pdf  [Consultado el 9 de septiembre de 2014]

4 Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 147, en línea:http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_272_esp.pdf

5 ACNUR. Estados Partes De La Convención De 1951 Sobre El Estatuto De Los Refugiados Y El Protocolo De 1967. Al 30 de julio de 2011. En línea: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0506

6 República Dominicana. Decreto 2330, del 10 de septiembre de 1984, artículo 1.

7 Ibíd., artículo 2.

 

El pasado sábado 21 de mayo de 2016, COLADIC-RD realizó su Cine Jurídico. Como es costumbre, la dinámica de este evento consistió en proyectar una película con elementos de Derecho internacional y/o comparado y, luego, debatir los aspectos sustantivos de mayor relevancia.

 

En este Cine Jurídico, la película escogida resultó ser “Beasts of No Nation”. La trama tiene lugar en un país indeterminado del oeste africano, donde estalla un presunto conflicto armado interno y sigue la historia de Agu (Abraham Attah), un niño africano que es separado de su familia y obligado a unirse a un grupo armado como soldado. Dicho grupo se encontraba liderado por El Comandante (Idris Elba), quien  toma a Agu bajo su guarda y le instruye para hacer de él un soldado, trochando abrupta y brutalmente su infancia.  La película, dirigida por Cary Fukunaga, está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Uzodinma Iweala.

 

Aprovechando la temática abordada por Beasts of No Nation, analizamos el trasfondo jurídico-internacional de la película, tomando en cuenta el contexto socio-político en el que se desarrolla su trama. De este modo, debatimos ampliamente sobre la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario (“DIH”) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (“DDHH”), siendo éstas las ramas del derecho internacional que regulan la problemática de los niños soldados.

 

El primer punto de debate giró en torno a la clasificación del conflicto escenificado en la película como una guerra civil o como un conflicto armado interno, conforme a lo establecido en los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional No. II. Habiendo considerado las diferencias entre una guerra civil y un conflicto armado interno, se pudo concluir que la película pareciera desarrollarse en el marco de un conflicto armado interno y que, por lo tanto, al menos las disposiciones consuetudinarias del los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional No. II aplicaban.

 

Otro aspecto fundamental tratado a profundidad fue el de la edad permitida para el reclutamiento de niños por parte de grupos armados y de fuerzas armadas en el marco de un conflicto armado interno. En ese sentido, fueron analizadas las disposiciones al respecto contenidas en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y en el Protocolo Adicional II, evidenciándose que ambos instrumentos establecen edades distintas. Así, se pudo verificar un choque entre una norma de DIH y otra DDHH sobre un mismo aspecto, proponiéndose la aplicación del principio lex specialis para solucionar ese choque.

 

Por demás, se analizaron otras restricciones relevantes, tales como la prohibición de reclutamiento forzado de niños en conflictos armados, a la luz del DIH y del Derecho Internacional del Trabajo. También se destacaron ciertas protecciones especiales que el Protocolo Adicional II prevé en beneficio de los niños civiles que viven en zonas afectadas por conflictos armados internos.

 

Al culminar el análisis jurídico, COLADIC-RD extendió a los participantes su invitación a profundizar sus estudios en DIH y Derecho Internacional en general. La actividad se celebró en un ambiente familiar y confortable, mientras los asistentes degustaban un  brindis de jugos y palomitas de maíz.

 

Agradecemos a Gaceta Judicial por habernos facilitado el Auditorio Lic. D. Antonio Guzmán L. para la realización de este Cine Jurídico.

 

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Miércoles, 18 Mayo 2016 00:22

“El aula y las competencias”

Autor: Marc A. Ledesma Bitzer

Tan popular como errada resulta la creencia de que para el “gallito” del curso, el estudiar Derecho forma parte ineludible de su ADN. Sin embargo, no puede negarse que el debatir y la capacidad argumentativa, se erigen como ingredientes sine qua non del buen abogado. No se trata de que el abogado haya de ser un genio, pero, necesariamente, todo buen jurista debe cultivar —al menos—  tres grandes virtudes: la litigación no sinónimo de pelear—, la buena redacción y su capacidad de investigación.

Por supuesto, desde antaño el aula ha sido el hábitat por excelencia para la formación de los abogados y, para ser justos, de prácticamente todos los profesionales en general. Allí se han pulido aquellos grandes expertos que han moldeado nuestra sociedad. Pero más allá de ello, en este breve espacio buscamos resaltar que existe una esfera en la que las mencionadas virtudes se pueden desarrollar conjuntamente: en las competencias. No nos referimos a las competencias en sentido amplio, sino a los llamados moot courts o tribunales simulados.

Sin intención alguna de caer en un cliché, el participar en competencias no se trata tan sólo de ganar o de lo mucho que le sumaría a tu CV. Más bien, sucede que en estos tribunales simulados es donde realmente se conjuga la teoría con la práctica y se pone a prueba lo que es el verdadero ejercicio del Derecho. En definitiva, es una oportunidad anticipada de saborear la verdadera práctica jurídica, al margen de esos ideales que siempre cargamos en lo más profundo de nuestro ser.

Por un lado, el primer reto al que se enfrentan los participantes surge durante el proceso de redacción de memoriales, en el cual deben desarrollar tanto la escritura como la capacidad de investigación. Durante un período de tiempo relativamente breve, los estudiantes se ven forzados a profundizar en controversias jurídicas de altísima complejidad. Pero más aún, verse en la encrucijada de tener que litigar, para sobrevivir por 1 hora y 30 minutos el intenso bombardeo de preguntas venenosas que a los jueces o árbitros se les pudiesen ocurrir para derrumbar tus argumentos; definitivamente, no es una experiencia que el salón de clases pueda brindar.

Las competencias están; la falta de oportunidad no es una excusa. Como una primera opción, se encuentran las competencias internacionales Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition y Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno; las cuales se han convertido prácticamente en una costumbre para las principales Escuelas de Derecho de nuestro país. Pero de igual modo, existen otras competencias. Están en materia de arbitraje: la Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot —en la cual tuve la oportunidad de participar este año— y la Competencia Latinoamericana de Arbitraje; así como, en el plano nacional, la Competencia Dominicana de Derecho Internacional sobre Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia (CODOCIJ), entre otras.

De todas las experiencias vividas que recojo de mi reciente participación en la mencionada Vis Moot, hay un factor que, sin lugar a dudas, me marcó profundamente y deseo compartir: el nombre de tu universidad no hará que pases a la siguiente ronda. Recuerdo cuando estimábamos que ciertas famosas universidades, prácticamente, de pleno derecho avanzarían a las fases finales; pero para nuestra sorpresa, no fue así. La causa principal consistió en que muchas, manejaban la teoría con solidez, pero sus habilidades de litigación dejaban mucho que desear. Y es que, en estos tribunales simulados se compite en un plano de incuestionable igualdad, donde cada equipo participante debe probar su valor. Ciertamente, ello nos motivó aún más a participar en una siguiente edición y con mayor importancia, a incentivar a nuestros colegas para que hicieran lo propio.

El trabajo es arduo, pero pocas han sido las personas que luego de participar en una de estas competencias, no se animan a buscar otra oportunidad de participación —claro, después de digerir todo el estrés y las malas noches acumuladas. El estudiante de Derecho tiene hoy la oportunidad de formarse en el aula, pero también de complementar su preparación, al explotar el potencial de sus habilidades en las competencias; sin embargo, dependerá de cada quien el aprovechar estas oportunidades o no.

Finalizo con una interesante frase, de la cual su autor se desconoce:

“Hay 3 cosas en la vida que se van y no regresan jamás: las palabras, el tiempo, y las oportunidades.”

 

 

Lunes, 11 Abril 2016 17:53

Junta Directiva 2015

Puede ver el Informe de Gestión de esta Junta Directiva aquí.

 

Jomar Vargas Muñoz, Presidente

 

Jomar Vargas

 

Licenciado en Derecho (Magna Cum Laude) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino (PUCMM-RSTA) y Maestro en Derecho (“LL.M.”, por sus siglas en inglés) con especialización en Derecho de los Negocios Internacionales y Económico y un certificado en Arbitraje Internacional y Resolución de Disputa (Dean’s List y Distinction) de Georgetown University Law Center (GUCL), Washington, D.C.

 

Además, ha participado en el programa de introducción al Derecho Americano y Educación Legal (Foundation of American Law and Legal Education) de GUCL y en múltiples diplomados y seminarios de diversas áreas del quehacer jurídico en República Dominicana, entre los que se destacan: Diplomado de Derecho Procesal Civil, Diplomado Internacional sobre Derecho Administrativo y Gestión Pública, Diplomado sobre Fideicomiso y Ley de Desarrollo de los Mercados Hipotecarios, entre otros. 

 

Desde el año 2014, labora como asociado para la firma de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández, en el Departamento de Litigios y Resolución Alternativa de Conflictos. Se especializa en las áreas de litigios comerciales, civiles, administrativos, laborales, penales y métodos alternativos de resolución de disputas. El señor Vargas es miembro del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana y el New York State Bar Association (pendiente de juramentación).

 

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Ricardo Pellerano Nadal, Vicepresidente

Ricardo Pellerano

Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino (PUCMM-RSTA) y Maestro en Derecho (LL.M.) con especialización en negocios internacionales de Georgetown University Law Center (GULC), Washington, D.C. También ha asistido al programa de ley y regulación financiera impartido por London School of Economics (LSE), Reino Unido; y ha participado en el programa de introducción al derecho estadounidense del Institute for U.S. Law (IUSLAW), Washington, D.C.

Asimismo, fue vicepresidente del Comité de Estudiantes de Derecho (CED) PUCMM-RSTA y Coordinador de la Comisión Electoral del CED PUCMM-RSTA en el periodo 2011-2012. Además, ha servido como panelista en diferentes seminarios dirigidos a abogados extranjeros que realizan sus estudios en Washington, D.C.

 

Desde el año 2013, labora como Foreign Legal Consultant para la firma internacional de abogados, Steptoe & Johnson LLP, con sede principal en Washington, D.C. El Sr. Pellerano es miembro de la práctica latinoamericana de la firma, especializándose en las áreas de negocios, relaciones gubernamentales, comercio y disputas internacionales. Previamente, el Sr. Pellerano trabajó por cuatro años en la firma dominicana Pellerano & Herrera.

 

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Elina Castillo Jiménez, Secretaria General

Elina Castillo

Licenciada en Derecho “Summa Cum Laude” de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).En 2013, fue becaria del Emerging Leaders of the Americas Program del Gobierno de Canadá y realizó un semestre de estudios en Derecho en la Université du Québec à Montréal (UQAM).

En el 2014, fue miembro del equipo de su universidad que participó en el “Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional y Derechos Humanos, Francisco Suárez, S.J.”; llegando a la fase semifinal y obteniendo los laudos de “Mejor Oradora de la Competencia” y “Mejor Memorial de Estado”. Asimismo, fue reconocida por el Ministerio de la Juventud como joven destacada en el renglón de Mérito Estudiantil, en el marco del Premio Nacional de la Juventud 2014.

 

Actualmente, también se desempeña como Editora de la Revista Communis Opinio, el espacio oficial de los estudiantes de Derecho de la PUCMM.

 

De su trabajo en COLADIC-RD se destaca la colaboración en el Escrito de Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana en octubre 2013; y la redacción del Escrito de Amicus Curiae ante el Tribunal Constitucional respecto a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta contra el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre 2014.

 

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Ansel Sierra Ferreira, Tesorera

Ansel Sierra

Licenciada en Derecho (PUCMM-CSTA). Activista social y de Derechos Humanos. Se desempeña como Coordinadora de Formación Interna de TECHO-RD. Entrenadora de PUCMM para la “Inter-American Human Rights Moot Court Competition” y el “Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional y Derechos Humanos, Francisco Suárez, S.J.”, Jueza para la CEJA y para la "Interamerican Human Rights Moot Court Competition" de American University.

De de su trabajo en COLADIC-RD se destaca la coordinación y co-redacción de un Escrito de Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Nadege Drozema y Otros (“Masacre De Guayubín”) Vs. República Dominicana en julio 2012; la coordinación y co-Redacción de un Escrito de Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana en octubre 2013; y recientemente, la coordinación y redacción de un Escrito de Amicus Curiae ante el Tribunal Constitucional respecto a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta contra el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

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Virginia Velázquez Kranwinkel, Relacionista Pública

Virginia Velazquez

Licenciada en Derecho “Summa Cum Laude” de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM-CSTA). Actualmente, es Investigadora Asociada de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS).

En el año 2013, fue seleccionada en el Programa de Becas para Líderes Emergentes de las Américas del Gobierno de Canadá. En consecuencia, realizó un semestre de intercambio universitario en la Facultad de Derecho de la Université du Québec à Montréal (UQAM). En 2012, fue elegida miembro de la delegación que representó a la juventud dominicana en el International Youth Development Exchange Program, realizado en Japón.En ese mismo año, fue semifinalista de la “Competencia de Derecho Penal Leoncio Ramos”, donde obtuvo el laudo a la Mejor Oradora., En 2014, representó a su universidad en el “Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional y Derechos Humanos, Francisco Suárez S.J”, calificando a la fase semifinal y obteniendo el premio a Mejor Memorial de Estado.

 

Desde el año 2010, es voluntaria de AFS Intercambios Culturales, donde funge como Capacitadora en Aprendizaje Intercultural. Como miembro de COLADIC-RD, colaboró en la redacción del Escrito de Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana en octubre de 2013.

 

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Jesús Enmanuel Castillo Arias, Consejo de Disciplina

Enmanuel Castillo

Es estudiante de término de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y funge como vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de dicha universidad. Ha participación en diversas simulaciones de organismos internacionales, llevándolo a ser Voluntario de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas. Actualmente, Enmanuel coordina el área de Investigaciones del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de FUNGLODE y además, es miembro fundador de la ¨Organización Acción Voluntaria¨.

 

Pueden contactarlo vía correo electrónico a encastillo@coladic-rd.org

 

Luis A. Arias García, Consejo de Disciplina

Luis Arias

Licenciado en Derecho Summa Cum Laude de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), donde fue becario “Líder del Mañana”. Actualmente, cursa el Máster en Derecho de la Administración del Estado, impartida por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la Universidad de Salamanca.  Es  Abogado Asociado en el área de Litigios de la firma de Abogados y Consultores Headrick Rizik Alvarez & Fernández. 

En el año 2005, participa en la primera de sus muchas conferencias Modelo de Naciones Unidas (CILA). En 2009, ingresa al voluntariado de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU –RD), al cual continúa perteneciendo. 

 

Fue Encargado del Comité de Competencias y Simulaciones del  Grupo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana GRED - UNIBE (2011 – 2012) y miembro del Consejo Editorial de la Revista GRED - UNIBE (2013 – 2014). Formó parte del equipo de su universidad 17ma Edición de la Inter-American Human Rights Moot Court Competition, celebrada en el Washington College of Law de American University en 2012. Además, ganó el 1er Lugar de la 2da Edición del Concurso de Ensayos de Temas Constitucionales organizado por el Tribunal Constitucional Dominicano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 Pueden contactarlo vía correo electrónico a   Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 Sarah Suzaña, Representante Universitario PUCMM

Sarah Suzana

Estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino (PUCMM-CSTA). Ha participado en la Conferencia Internacional de las Américas (CILA) y en el Modelo de la Unión Europea. Ha tenido participación en debates interuniversitarios en materias de medio ambiente, salud y materia penal. Respecto al último, obtuvo la mención de “Debatiente destacada” en el marco del II Torneo Universitario de Debate organizado por la Sociedad Dominicana de Debate, con el tema "¿El aumento de las penas contribuiría a reducir los índices de criminalidad?".

También, fue miembro del equipo ganador del segundo lugar en la Competencia sobre Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia (CODOCIJ, 2014).  Presidente del comité local de AIESEC en la PUCMM en el período 2013 - 2014. Actualmente, es colaboradora en el Observatorio Judicial Dominicano.

 

Pueden contactarla vía correo electrónico a   Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Domingo Melenciano, Representante Universitario UASD

 Domingo Melenciano

Estudiante de tercer año de la Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ex alumno del Programa Global de Intercambio patrocinado por la Embajada Americana en Santo Domingo y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el marco del cual cursó un año académico en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la East Tennessee State University.

 

Desde el año 2008, ha participado en  más 15 simulaciones de organismos internacionales y es Voluntario Actual de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANURD) y la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI).

 

En el 2014, fue Director Operativo de la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social, entidad que promueve el fortalecimiento jurídico e institucional a nivel nacional. En la actualidad, desempeña sus labores en el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Alcaldía de Santo Domingo Este.

Pueden contactarlo vía correo electrónico a  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

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La nueva Junta Directiva asumió funciones el día 31 de enero de 2015.

coaliciónFotografía del Diario Libre.

El pasado 5 de abril, reunidas en el Hotel Embajador, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron públicamente la creación de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad. En su condición de miembro fundador de la referida Coalición, COLADIC-RD estuvo presente en el evento de lanzamiento, donde estuvo representada por su Presidente, Francisco J. Batlle Pérez.

La iniciativa surge tras el anuncio de celebración de una Cumbre Judicial Nacional, hecho por el Consejo del Poder Judicial, con motivo de la crisis que ha venido abatiendo al sistema de justicia dominicano.

Con la puesta en marcha de esta Coalición, la sociedad civil ha aunado fuerzas para la identificación metodológica de las causas que afectan al sistema de justicia, la elaboración de propuestas concretas que puedan ser presentadas y defendidas en la Cumbre Judicial Nacional y garantizar que se emprendan las mejoras y reformas necesarias. Todo ello con miras a fortalecer la justicia dominicana y, en últimas, la seguridad ciudadana.

La Coalición trabajará en forma abierta con todas las organizaciones sociales comprometidas, a fin de recoger sus propuestas, estudiarlas, ampliar su soporte teórico y práctico, y presentarlas y defenderlas en la Cumbre Judicial Nacional. De modo que, en una primera fase, se realizarán esfuerzos a nivel nacional para recoger las inquietudes y propuestas de lugar.

Entre las organizaciones que conforman la Coalición se encuentran: FINJUS, Participación Ciudadana, Centro Bonó, Educa, Asociación de Empresas Industriales de Herrera, ANJE, Centro Juan XXIII, Cámara Americana de Comercio, Profamilia, Foro Ciudadano y COLADIC-RD.

COLADIC-RD procurará hacer aportes importantes desde la óptica del derecho internacional y comparado, con énfasis particular en el derecho internacional de los derechos humanos.

En el documento adjunto de más abajo encontrarán la declaración de propósitos de la Coalición.

Lunes, 11 Abril 2016 11:38

Convocatoria Competencia CEJA 2016

COLADIC-Costa Rica nos invita a participar en la XVI edición de la Competencia Interamericana de Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga” (en lo adelante, “CEJA”), la cual convoca de forma anual a los estudiantes de Derecho de todos los países de Latinoamérica y otros países del mundo interesados en el estudio de los mecanismos de protección de los Derechos Humanos, específicamente el Sistema Interamericano.

 

Esta competencia consiste en la simulación de un caso llevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta violación a los derechos humanos de uno o varios particulares por un Estado ficticio que es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

CEJA se desarrolla en dos fases: una escrita y otra oral, en las cuales los equipos defenderán en rondas internacionales, ante jueces especializados en Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto la posición de la Comisión como la del Estado demandado en el caso que se plantea. En la fase escrita, se preparan dos escritos (memoriales), uno de parte de los representantes de las presuntas víctimas y otro de los agentes del Estado. Finalmente, en la fase oral: los equipos defienden a las partes en rondas orales que simulan una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre en San José, Costa Rica.

  

Este año, la ronda internacional de la CEJA será celebrada del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2016, en San José, Costa Rica. El caso hipotético sobre el cual versará la presente edición de la CEJA se dará a conocer el 13 de junio de 2014. Posteriormente, el 20 de junio de 2016, se publicaran los materiales básicos para resolver el caso. Luego, se abrirá un periodo de recepción de preguntas referentes al mismo del 13 de junio al 27 de julio de 2016.

 

 

 

La fecha límite de inscripción es el 29 de agosto y de entrega de los memoriales es el 4 de septiembre de 2016.

 

Para más información sobre la CEJA 2016, puede visitar su página oficial en Facebook https://www.facebook.com/CompetenciaCEJA?fref=ts

 

Calendario CEJA

                                            

 

 

COLADIC-RD felicita al equipo representante de la República Dominicana ante la 57° edición de la Philip C. Jessup International Moot Court Competition, por haber alcanzado una posición destacada dentro de esta prestigiosa competencia.

Alain Perdomo, Lauramarie Cornelio y Sergei Raigorodsky, estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), alcanzaron el puesto número 41 entre 132 equipos participantes de distintas universidades a nivel mundial, ganando 3 de las 4 rondas internacionales celebradas en  Washington D.C. del 27 de marzo al 02 de abril de 2016.

La  Philip C. Jessup International Moot Court Competition es una de las competencias jurídicas más competitivas y prestigiosas a nivel mundial. Consiste en la simulación de un caso hipotético ante la Corte Internacional de Justicia, con un tópico específico de actualidad. Este año, se abordaron asuntos relativos a la seguridad cibernética.

COLADIC-RD, en su condición de organizador de las rondas nacionales en la República Dominicana, se enorgullece del éxito alcanzado por el equipo dominicano y espera que éste sirva de motivación para que estudiantes y universidades nacionales aumenten su apoyo y participación hacia estas valiosas herramientas de aprendizaje y proyección profesional.

¡Enhorabuena!

 

El sábado 2 de abril de 2016, COLADIC-RD realizó un  Círculo de Análisis de Sentencias, en el Salón de Consejos de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. Esta es la primera actividad de capacitación continua que es organizada por la Junta Directiva 2016-2017, en aras de cumplir con sus objetivos de promover y difundir el estudio del derecho internacional y comparado.

 

En el referido Círculo de Análisis de Sentencias, estudiamos la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano número TC/0315/15 de fecha 25 de septiembre del año 2015, relativa al Control Preventivo de Constitucionalidad del Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana. En este acuerdo se planteó que el personal de los Estados Unidos y los funcionarios civiles de su Departamento de Defensa, como sus contratistas y sus empleados que no sean nacionales dominicanos, serían beneficiados con privilegios e inmunidades equivalentes a los que confiere la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, entre otras cosas.  

 

El Tribunal Constitucional analizó el acuerdo y declaró su no conformidad con la Constitución por lo siguiente: “En consecuencia, ante el hecho de que las obligaciones asumidas por la República Dominicana en el “Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la Repúblicas Dominicana”, suscrito con el gobierno de los Estados Unidos de América, en fecha veinte (20) de enero de dos mil quince (2015) limitan el ejercicio de la soberanía nacional y suponen una injerencia por tiempo indeterminado de cuerpos militares extranjeros en el territorio nacional, y a la vez que su contenido en toda su extensión genera privilegios a favor del Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, más allá de las previsiones y posibilidades que consagra la Constitución de la República, todo esto obviando la reciprocidad que debe estar presente en las convenciones internacionales…[1].

 

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Manuel Del Rosario

[1] República Dominicana. Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0315/15 de fecha 25 de septiembre de 2015, pág. 29, punto 11.14

Miércoles, 09 Marzo 2016 01:00

Serie Conmemorativa: Por un planeta 50-50

 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, COLADIC-RD publica las reflexiones de varias mujeres lideresas de nuestro país en torno al tema de Naciones Unidas de este año, "Por un planeta 50-50". En esta serie también se exponen sus opiniones sobre los desafíos de la mujer dominicana desde sus experiencias personales y profesionales.

                                                                                       V

Dra. Cristina Aguiar. Fundadora y ex directora del hoy Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez”. Primera y única jefa de la misión dominicana ante Naciones Unidas. Promotora del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en el marco de su mandato como embajadora ante las Naciones Unidas. Entre sus condecoraciones están la alta distinción de la Orden Nacional de la Legión de Honor por su labor como profesora universitaria en Paris y el Profesorado Honoris Causa en la Universidad de APEC.

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 Es para mí una gran satisfacción y alegría ver que al fin Naciones Unidas, organización ante la cual serví en calidad de Embajador Representante Permanente por nuestro país, la República Dominicana, ha dimensionado a nivel universal el tema del principio de paridad.

Esa ha sido una agenda verdaderamente postergada porque no podemos hablar de justicia para la mujer sin considerar la paridad. Francia así lo entendió y fue el primer país en inscribirlo en su Constitución.

Desde este rango, el más alto en la pirámide de la jerarquía de normas, y de contrato social, que vincula a todos los ciudadanos y a los poderes públicos que ellos mismos se dan para armonizar la vida en colectividad, se construye la voluntad política necesaria para imponer el principio de 50-50.

En mi experiencia en el campo de las relaciones internacionales y la vida pública he podido apreciar las resistencias a una gestión compartida de todos los asuntos de la vida pública y privada. Comenzó tímidamente al derribar un bastión del patriarcado como lo era la patria potestad e introducir en el derecho de la familia la dirección conjunta de la familia.

Y aunque actualmente existen textos que avalan el principio de paridad en nuestro ordenamiento, la práctica, sobre todo en el ámbito político, no deja espacio para el poder compartido. Prueba de ello es que solo hay tres mujeres ministros aunque tengamos una vicepresidenta y una presidenta del Senado.

Cuando tengamos una mujer Procurador General, Ministro de Hacienda, Gobernadora del Banco Central o Ministro de Economía y Planificación, entonces quizás habrá esperanzas para la paridad en nuestros medios.

No sería más que justicia ya que asistimos a la feminización creciente de todos los sectores socio-profesionales, y esto no se compadece con la subrepresentacion en los ámbitos de ejercicio del poder, ya se trate de estamentos gubernamentales o empresas o de los partidos políticos.

Por consiguiente, enhorabuena a la iniciativa de Naciones Unidas y seamos todos agentes multiplicadores para que un Planeta 50-50, sea una realidad lo antes posible.

Felicidades a todas las mujeres que por su esfuerzo, tesón, y esmero llevan sobre sus hombros a la otra mitad de la humanidad.

 

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